Sección: Congreso 9 julio 2017 07:00 am

SE REUNEN DIPUTADOS CON SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES

  • Quien no cuente con permiso se le impondrá de 2 a 7 años de prisión

Los integrantes de la Comisión de Transportes del Congreso del Estado, se reunieron con el Sub Secretario de Movilidad y Transporte, José Jorge Campos Murillo; para conocer las acciones que ha efectuado administración Estatal en la materia.

En este sentido, el funcionario estatal, informó que la dependencia a su cargo tiene como objetivo primordial regular la prestación del transporte público en el Estado y de garantizar el derecho de preferencia al usuario y peatón, destacando en primera instancia que el padrón vehicular del transporte público a nivel Estatal es de 16 mil 862 en sus diversas modalidades como taxi, ruta, carga, especializado y mixto.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Gina Campuzano González, reconoció la tarea que se ha realizado la sub secretaría, sobre todo en lo que respecta al combate a la ilegalidad y a la desleal competencia que representa para los trabajadores del volante establecidos.

Por su parte, los diputados Gabriel Rodríguez Villa, Jesús Ever Mejorado Reyes y Maximiliano Silerio Díaz consideran necesario tener un mayor control en el tema de transporte público, ya que existen quienes no cumplen con la ley.

Uno de los temas principales que abordaron los legisladores fue el relacionado con la empresa denominada “Mi Jaime”, que sin contar con permiso o concesión otorgada por el Gobierno Estatal preste servicio de transporte público.

Al respecto, Campos Murillo, dijo que el hecho de que no se permite la operación de este servicio se debe simplemente a que no cuenta con su concesión y por ende, el prestar el servicio se encuentra fuera de la Ley.

Dijo que, el Código Penal del Estado de Durango y Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en el Capítulo VIII, en su artículo 360 establece que a quien posea, conduzca o preste servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de 882 a mil 230 salareis mínimos.
Además de suspensión de licencia de manejo de automovilista y/o de chofer de servicio público. Las mismas penas se le impondrán al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de dicho servicio.

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